En Unión habrá una movilización porque el Gobierno cerró el pueblo con barricadas y no cumple con las medidas
Protestarán porque el Comité de Crisis no cumple con las determinaciones anunciadas ayer. Habrá una protesta a partir de las 14.
Este sábado el Gobierno provincial informó la restricción para el ingreso y salida de Unión debido al crecimiento en la cantidad de casos de Covid-19.
Los únicos habilitados para hacerlo son “personas consideradas esenciales y que estén autorizadas por la autoridad competente”, según explicaron. Sin embargo, esto no se está cumpliendo.
El malestar y la disconformidad de vecinos con el Gobierno provincial va en aumento y para este domingo organizaron una protesta por la tarde porque las disposiciones que se están aplicando no fueron comunicadas.
Por estas horas, a las ya conocidas barricadas que impiden el paso por los accesos, hay un fuerte operativo policial que controla los límites del pueblo.
En el informe, desde Terrazas del Portezuelo indicaron que en los últimos 4 días se registraron 38 contagios sobre un total de 163 muestras procesadas y que ya se hizo la comunicación al intendente Marcos Espósito “quien se comprometió a aplicar y hacer cumplir todas aquellas medidas que redunden en beneficio de la salud de los habitantes”.
Por estas horas no pueden circular productores agrícola, ganaderos y apicultores.
“Estamos muy complicados. El Comité de Crisis en su comunicado manifestó que la excepción son los trabajadores esenciales, pero no cumple. Hoy por la mañana no dejaron salir a ningún productor ganadero, por ejemplo”, sostuvo el concejal de San Luis Unido, Damián Vigil en declaraciones a El Chorrillero.
De los siete ingresos que tiene Unión solo uno se encuentra habilitado: la avenida Antonio Dassa por la Ruta 188.
Otro de los problemas con los que se toparon es la falta de información ya que, por ejemplo, no se conoce la cantidad de días que durará la medida o el alcance.
Barricadas.
“Hable con un comerciante hoy y estaba muy enojado con razón, porque la Policía fue a cerrarle el negocio y no hubo ningún informe que dijera que estaba prohibido. Me suena más a política, me hace ruido. Es un castigo político simplemente porque el municipio está gobernado por la oposición”, aseveró Vigil.
Por los reclamos de la gente, la intendencia le pidió al Gobierno una solución, pero hasta el momento no fue contestado el pedido.
“Hoy la gente está desbordada, a fin de año y con la crisis me parece una decisión apresurada. No digo que no nos cuidemos, todos sabemos cómo hacerlo, están los protocolos para esto”, agregó el legislador.